La vivienda es un derecho constitucional que se ve amenazado por la nueva Ley de Vivienda que el Gobierno pretende aprobar en los próximos días. Esta ley supone un retroceso en la protección de los inquilinos y una limitación de la oferta de vivienda en alquiler. Estos son algunos de los inconvenientes que va a ocasionar esta normativa:
- La ley reduce el concepto de gran tenedor de vivienda, pasando de 10 a 5 inmuebles. Esto implica que muchos propietarios se verán obligados a rebajar el precio del alquiler en las zonas declaradas como tensionadas, lo que puede desincentivar la puesta en el mercado de viviendas vacías o provocar la venta de las mismas.
- La ley establece un sistema de índices de precios de referencia para limitar el alquiler en las zonas tensionadas. Sin embargo, estos índices no tienen en cuenta las características concretas de cada vivienda, como su estado de conservación, su equipamiento o su ubicación. Además, la declaración de zona tensionada depende de criterios arbitrarios y poco transparentes por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
- La ley impide la actualización anual del alquiler según el IPC y establece un nuevo índice que puede generar incrementos desproporcionados en la renta. Asimismo, prohíbe el acuerdo entre las partes para establecer condiciones distintas a las previstas en la ley, lo que limita la autonomía y la libertad contractual de propietarios e inquilinos.
- La ley endurece las medidas de protección frente a los desahucios, ampliando los supuestos y los plazos para suspenderlos. Si bien esta medida puede beneficiar a los colectivos más vulnerables, también puede generar un efecto perverso al aumentar la morosidad y el riesgo de impago para los propietarios, especialmente para los pequeños que dependen del alquiler para su subsistencia.
- La ley no ofrece soluciones efectivas para aumentar la oferta de vivienda pública y asequible. Se limita a establecer porcentajes mínimos de reserva de suelo para vivienda protegida y a imponer recargos del IBI para las viviendas vacías. Estas medidas son insuficientes para hacer frente a la escasez y la precariedad habitacional que sufren millones de personas en nuestro país.
En definitiva, la nueva Ley de vivienda es una normativa que no responde a las necesidades reales del sector inmobiliario ni a las demandas sociales de acceso a una vivienda digna. Por el contrario, supone una injerencia injustificada en el mercado del alquiler, que puede tener consecuencias negativas tanto para propietarios como para inquilinos. Por ello, desde el ámbito jurídico y urbanístico se reclama una revisión profunda y participativa de esta ley, que garantice el equilibrio entre los derechos y los deberes de todas las partes implicadas. No existen soluciones sencillas a problemas complejos, y esta ley, lejos de solucionar el problema, agravará la situación.
